Productoras rurales, clave para Objetivos de Desarrollo Sostenible

Por Ángela María Díaz Pérez
Investigadora posdoctoral del Cider
am.diazp2@uniandes.edu.co

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) ha visibilizado la necesidad de repensar el modo en el que los estados intervienen en el desarrollo rural. Un primer paso fundamental para conseguir esa transformación está en la inclusión transversal del enfoque interseccional y de género, en la planificación de las estrategias que acerquen a Latinoamérica al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), permitiendo un abordaje complejo de las consecuencias del entrecruzamiento entre género, etnicidad, ruralidad, entre otras categorías de diferenciación y desigualdad social. 

En los países estructuralmente empobrecidos como los latinoamericanos, la brecha en la calidad de vida entre las zonas urbanas y rurales ha mostrado un impacto más severo cuando hablamos de la situación de las mujeres rurales tanto campesinas como indígenas y sus hijas e hijos. Esta situación contrasta con el hecho de que las mujeres son las responsables de al menos la mitad de la producción de alimentos de autoconsumo y, que por ende, contribuyen de forma sustancial a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria (ONU Mujeres y otros, 2016). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016) ha llamado la atención frente al hecho de que permitir el acceso en igualdad de condiciones para las mujeres y hombres, tanto a recursos económicos como al acompañamiento técnico para la producción agropecuaria a pequeña escala, tendría un impacto global que podría reducir el hambre de aproximadamente 150 millones de personas. No obstante, las desigualdades de género limitan el acceso que tienen las mujeres a estos recursos, agravando el imaginario social que continúa masculinizando la producción agropecuaria y que tiene como consecuencia la invisibilización del aporte de las mujeres al desarrollo rural local. 

Uno de los factores que favorece a esa invisibilización consiste en que más del 40 % de las trabajadoras rurales de las explotaciones agrícolas familiares no cuentan con ingresos propios y sus actividades se contemplan dentro del trabajo reproductivo, no siendo contabilizado su aporte a la economía familiar y local. Así, esto se convierte en una de las principales barreras de acceso a créditos o capital semilla (CEPAL/OIT, 2016). 

La aplicación del enfoque interseccional y de género contribuye a visibilizar el aporte hecho por las mujeres rurales, lo cual favorece la recuperación de la dimensión ética y humana dentro del ejercicio de las actividades económicas en el ámbito rural, a la vez que visibiliza el aporte de las mujeres al cuidado y sostenibilidad medioambiental.

El trabajo realizado por las organizaciones de mujeres productoras campesinas e indígenas ha generado un entendimiento del asociacionismo, la autogestión, el cooperativismo y los procesos comunitarios como ejes de cambio en el ámbito territorial. 

Los pequeños proyectos productivos derivados de las economías campesinas del autosustento, al ser fortalecidos a nivel técnico y ecoambiental de acceso a insumos agrícolas, ha generado una mayor eficiencia y sustentabilidad de las huertas de pancoger aumentando su producción, la cual sumada a los excedentes de otras huertas familiares, han permitido a las organizaciones de mujeres campesinas introducir sus productos en mercados y grupos de consumo locales. 

Ese ingreso económico adicional que las mujeres están llevando a sus hogares ha mejorado su acceso y el de sus familias a servicios básicos como salud o educación, a la disminución de la desnutrición infantil y, en algunos casos, a la disminución de las violencias basadas en el género (Díaz y Silva, 2019). 

En Colombia, estos emprendimientos en su mayoría están relacionados con la agroecología y generan transformaciones como: el reconocimiento colectivo de su identidad como mujeres campesinas e indígenas, la recuperación de saberes ancestrales, la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos.

El empoderamiento que se da a partir del trabajo colectivo ha permitido que estas mujeres emprendan acciones de incidencia política, reflejadas en su participación en ámbitos de toma de decisiones entre los que se resaltan los consejos de política social o de desarrollo rural; y los procesos de formulación participativa de políticas públicas locales. Como consecuencia a la participación en este tipo de espacios, las mujeres adquieren una mayor conciencia de las necesidades reales de sus comunidades.  

El Informe territorial para el empoderamiento de las mujeres en América Latina (ONU mujeres, 2016) visibiliza los beneficios de abordar los procesos de expansión económica territorial desde la transversalización del enfoque de género.

De esta manera aporta tres elementos fundamentales: las potencialidades del empoderamiento en el dinamismo de los territorios; el tener en cuenta las capacidades de competitividad del territorio, sin olvidar las situaciones específicas de exclusión y desigualdad en ellos.También el papel protagónico de los procesos participativos, especialmente de los que involucran el trabajo con las mujeres, ya que ellas reinvierten hasta un 90% de las ganancias en el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y comunidades. 

En últimas, esto se traduce en un aporte significativo a la sostenibilidad de los territorios y a la transformación de las relaciones de poder en el entorno.  

En estos procesos de fortalecimiento territorial realizados con las organizaciones de mujeres es necesario no solo la consolidación de las redes de producción e intercambio, sino el empoderamiento a nivel personal, el cual facilita los procesos colectivos y la participación en los espacios locales de toma de decisiones, la exigencia de los derechos individuales y colectivos, y la viabilidad y sostenibilidad de los procesos comunitarios (Díaz y Silva, 2019).