¿Qué queda tras el informe sobre fracking presentado al Gobierno?

Nos queda una discusión socio-ambiental abierta, pública, jurídica, pacífica, desde todos los sectores, en donde debe predominar la autonomía de los entes territoriales y de las comunidades sobre la conveniencia o no de la exploración de yacimientos no convencionales en el país mediante la técnica de fracturamiento hidráulico (en adelante Fracking).

Si bien es cierto que el Consejo de Estado, en virtud del principio de precaución ambiental, declaró una moratoria judicial para realizar Fracking en Colombia, al decretar las medidas cautelares dentro del proceso número 11001-03-26-000-2016-00140-00 (57819), que suspenden provisionalmente el marco normativo que permite el Fracking en el país (Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía); el gobierno del Presidente Iván Duque estaba a la espera de las conclusiones de la Comisión Interdisciplinaria Independiente para definir una ruta clara sobre el futuro del Fracking en el país.

La Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública -MASP- de la Universidad de los Andes estuvo presente en el lanzamiento de este Informe y fue testigo de las reacciones de todos los sectores (público, privado, ONG ambientales, academia, las comunidades presentes y demás público interesado).

Las conclusiones fueron claras, pero las explicaciones un poco ambiguas. La principal consecuencia es que se abre aún más la discusión acerca de la conveniencia o no del Fracking. La Comisión brindó insumos a todos los sectores para seguir alimentando el debate público, en donde deben predominar los aspectos sociales, ambientales y técnicos.

Desde la Clínica Jurídica MASP hemos estudiado el tema del Fracking desde hace un tiempo y por lo tanto tenemos los elementos de juicio para resaltar los aspectos positivos y negativos de dicho Informe. Cabe aclarar que aún no está publicado el Informe completo y que este será consultivo y no vinculante, es decir, sus conclusiones no obligan al gobierno a tomar una decisión en una u otra dirección.

Nos inquieta que algunas conclusiones contraríen los resultados de las investigaciones adelantadas en otros países, tales como los impactos en la salud pública, en los acuíferos, en las comunidades, los riesgos de sismicidad y la no mitigación de los daños ambientales que genera esta práctica.

La Comisión estableció la necesidad de adelantar Proyectos Piloto de Investigación (PPI) para recolectar la información de base requerida para definir el futuro del Fracking en el país. Destacamos como positivo que se indicaron como ineludibles el cumplimiento de unos requisitos y la garantía de unos derechos, antes de cualquier ejercicio de exploración; tales como: a) la necesidad de mejorar la transparencia y el acceso a la información; b) la creación de la licencia social, la cual garantizará el derecho a la participación efectiva de las comunidades; y c) el fortalecimiento de las capacidades institucionales para hacer seguimiento, control y vigilancia de los proyectos.

Nuestras investigaciones han concluidos que el país, hoy, no está en la capacidad de garantizar estos mínimos y que es necesario escuchar más a las comunidades antes de tomar una decisión definitiva.

Tal como lo indicó Juan Pablo Ruiz, miembro de la Comisión, "en los países en donde se hace Fracking se cuenta con el consentimiento de las comunidades y hay un acceso adecuado a la información y una garantía adecuada a la participación." Así, según el Informe, hasta que no se cuente con los mecanismos de participación efectiva y una licencia social real, el país no estará en condiciones de desarrollar esta técnica.

Teniendo en cuenta esta brecha en los derechos de acceso en asuntos ambientales señalada expresamente por la Comisión, resaltamos la importancia de la firma e implementación adecuada del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, ya que es un instrumento jurídico valioso para que las discusiones socio-ambientales se desarrollen en el marco de la legalidad, el respeto a la naturaleza y con información precisa y pública sobre los impactos que puede ocasionar el Fracking en nuestros territorios.

Y desde el punto de vista académico, como Clínica Jurídica, seguiremos aportando al debate nacional sobre la conveniencia o no de estos procedimientos con la finalidad de prevenir y gestionar los conflictos socio-ambientales de manera adecuada.

Conozca el informe sobre fracking aquí.