Cultivos ilícitos, violencia y abandono estatal, los males que Tumaco no se puede sacudir

San Andrés de Tumaco, ubicado en el suroccidente de Nariño muy cerca de la frontera con Ecuador, es conocido como 'La Perla del Pacífico' por la importancia de su puerto. Además, goza de paisajes marítimos únicos que constituyen un gran potencial para el desarrollo del turismo y la pesca.

No obstante, las oportunidades que ofrece este municipio no llegan a la mayoría de la población (mayoritariamente afrodescendiente): el índice de necesidades básicas insatisfechas es ligeramente inferior al 50 % y el índice de pobreza multidimensional está cerca del 80 %.

Junto al problema de desarrollo hay uno de criminalidad. De acuerdo con la Fiscalía, hay varios grupos al margen de la ley que se disputan el control de los mercados ilegales que incluyen drogas, vacunas, extorsión y contrabando.

Entonces, resulta evidente la necesidad de llevar Estado a este municipio. En particular, instituciones que garanticen la provisión de seguridad y justicia e instituciones que contribuyan a la superación de trampas de pobreza.

Aunque el Acuerdo de Paz abrió la opción de implementar un programa de construcción de Estado en zonas aquejadas por estos males, la implementación del acuerdo ha estado plagada de problemas. El caso de Tumaco es especialmente problemático en este sentido.

En este municipio, los cultivos de coca hacen que el punto cuatro del acuerdo esté en el centro de la estrategia de implementación. El valor de la producción potencial de hoja de coca es cercano a 140 mil millones de pesos, cerca del 12 % de lo que produce legalmente el municipio. En otras palabras, si desaparecieran totalmente los cultivos de coca, los ingresos de los habitates de Tumaco se reducirían en 12 %. Esto implica que, para muchas comunidades, los cultivos de uso ilícito son la única opción segura.

El punto cuatro del acuerdo de paz observa un programa de sustitución de largo aliento donde, en una primera etapa, hay empleos transitorios y asistencia alimentaria y, en una segunda etapa, hay inversión en proyectos productivos y provisión de bienes públicos.

La primera etapa garantiza los ingresos de los cultivadores mientras maduran las inversiones necesarias para la implementación de la segunda etapa. Por construcción, este proceso demanda tiempo y, por lo tanto, la caída en cultivos ilícitos se produce de forma lenta.

Ahora, el Gobierno, en respuesta al incremento observado en el area cultivada con coca, estableció una meta para el año 2017: erradicar cincuenta mil hectáreas mediante la sustitución voluntaria de cultivos y otras cincuenta mil con erradicadión forzosa. La segunda estrategia genera resultados más rápidos pero también genera tensión con las comunidades que terminan dificultando la provisión de bienes públicos y la articulación de las actividades legales con a los mercados nacionales.

En este orden de ideas, es necesario revisar las metas de reducción de cultivos y buscar vías de acuerdo con las comunidades para que se implementen programas de sustitución voluntaria.

La prioridad debe ser el desarrollo y la reducción de cultivos un subproducto del desarrollo.