Acuerdo de Escazú: un impulso para la protección del ambiente

El acuerdo se enmarca en cuatro pilares: acceso a la información, la participación y la justicia y la protección de líderes ambientales.
27/10/2020
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Entre 2014 y 2018, delegados del Gobierno, representantes del sector público y académico, así como expertos de América Latina y el Caribe, negociaron y acordaron el primer tratado internacional de derechos humanos y ambientales con enfoque 100% regional y que incluye disposiciones sobre la protección de defensores del medio ambiente: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica).

Su objetivo: fortalecer la cooperación y las capacidades de los países firmantes para garantizar el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, pero también la protección de los defensores del medio ambiente.

En palabras de Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (Masp) de la Universidad de los Andes: “El acuerdo contribuye a solucionar el mayor problema que tenemos en el marco del derecho ambiental y es garantizar el cumplimiento de las normas. Establece una serie de indicadores como el derecho a la información, por ejemplo. Debe ser clara, oportuna y precisa”.
 

En la región, ¿cómo vamos?


Para Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Acuerdo se presenta en "un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales en que, precisamente, el multilateralismo se encuentra sometido a un intenso escrutinio", según se lee en el prefacio del documento.

Y es que la región es la que presenta un mayor declive en el Índice Planeta Vivo (IPV) de WWF con un retroceso del 94 %, comparado con un 65 % en África y un 33 % en América del Norte. El Índice mide la abundancia de casi 21.000 poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios a nivel global y calcula los cambios porcentuales promedios en términos de abundancia entre 1970 y 2016.

“La alteración de praderas, sabanas, bosques y humedales, la sobreexplotación de especies, el cambio climático y la introducción de especies exóticas constituyen las principales amenazas”, evidencia el Informe Planeta Vivo 2020 que recoge el IPV y otros datos.

Con respecto a los derechos enmarcados en Escazú, a nivel regional 23 países han adoptado leyes de acceso a la información: un 76% incorporan disposiciones para promover la participación ciudadana y solo 20 favorecen la realización de acciones en su defensa, según la Cepal.

Por su parte, en el país se han establecido distintos instrumentos y ratificado tratados internacionales sobre estos derechos, como lo indica el Observatorio del Principio 10 de la Declaración de Río en América Latina y el Caribe de la Cepal en el siguiente cuadro:

 

Sin embargo, para Madrigal esto no ha sido suficiente, ya que “el principal problema de la normatividad ambiental es que no se cumple”. ¿Qué beneficios traería la ratificación del Acuerdo para el país?


Nos falta mucha información


Para Sandra Vilardy, bióloga marina y directora de Parques Nacionales Cómo Vamos: “La firma del Acuerdo de Escazú podría ser muy importante para dinamizar el acceso a la información, pero, además, para identificar cuál es la información que tendríamos que estar produciendo de una manera más sistemática para poder dar cuenta de nuestros avances o no sobre los temas de la gestión de la biodiversidad”.

La profesora de la Facultad de Administración también explica que existen diversas restricciones para el acceso a la información, desde su misma generación hasta su disponibilidad en plataformas públicas, lo que dificulta conocer el estado de los parques y las reservas naturales del país, así como su posibilidad de brindar suministros, beneficios y contribuciones al bienestar de la sociedad.

“Aunque se ha avanzado mucho desde el Sistema Nacional Ambiental en la sistematización de la información sobre la biodiversidad, la articulación de la información existente no está del todo disponible”, asegura Vilardy, doctora en Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Madrid (España).

Existe información medioambiental con distintos fines, desde su conservación hasta su explotación económica, pero esta no se encuentra en un mismo sitio ni en plataformas abiertas al público, así como tampoco están los datos obtenidos por las universidades en medio de sus investigaciones.

El Acuerdo, según los expertos, ayudaría a acelerar el proceso para volver pública la información y generaría las buenas prácticas institucionales y de modernización, estableciendo unas excepciones de acuerdo con la legislación nacional de cada país (se pone en riesgo la vida o salud de una persona, afecta la seguridad nacional o la protección del medio ambiente o alguna especie protegida, o genera un riesgo “claro, probable y específico” a la ejecución de una ley, investigación o persecución de un delito).
 

El país más peligroso para los defensores del medio ambiente


Por otro lado, Vilardy y Madrigal aseguran que la protección explícita de los líderes ambientales es otra razón importante para la ratificación. Un informe de Global Witness ubicó a Colombia como el país que reportó en 2019 el mayor número de asesinatos de líderes ambientales en el mundo, la cifra más alta registrada por la ONG británica.

“La experiencia jurídico ambiental muestra que el reconocimiento explícito de un derecho en una norma tiene efectos importantes y trascendentales en su cumplimiento -explica Madrigal-. Este es el primer tratado que reconoce la protección de los defensores ambientales de forma explícita y establece tres indicadores: entorno seguro y propicio, procedimientos específicos para su protección y para sancionar cuando exista una violencia o ataque contra ellos”.

Gran parte del conocimiento sobre la biodiversidad y la complejidad de las relaciones de naturaleza y de las distintas regiones lo tienen estos líderes y sus comunidades. “Sin ellos no podemos seguir conservando ni podemos seguir armando esa red del reconocimiento de la dependencia de la naturaleza”, afirma Vilardy.
 

Dos modelos de desarrollo


Desde algunos sectores económicos del país se han alzado voces de oposición a su ratificación. Tanto Madrigal como Vilardy consideran que es el resultado del choque de dos paradigmas de desarrollo y de protección del medio ambiente. En el modelo antiguo se entendía que la protección ambiental frenaba el desarrollo, mientras que en la actualidad se reconoce una conexión directa entre un medio sano y una mejor producción.

Teniendo en cuenta el segundo modelo, en agosto de 2016 el Banco Mundial adoptó un nuevo Marco Ambiental y Social para proporcionar financiamiento a los proyectos de inversión de los gobiernos. En esta nueva política, el organismo internacional prioriza la protección de las personas y  de los ecosistemas contra posibles impactos adversos, por lo cual quienes cumplan con estos nuevos principios tendrán mayores posibilidades de recibir las inversiones para su desarrollo. “Lo hacemos a través de políticas que identifican, evitan y minimizan los daños a la población y al medio ambiente”, se lee en la página del Banco.

“Tal vez hemos arrastrado una historia de que el desarrollo está asociado a cambiar la tierra ‘salvaje’ por una productiva en una dinámica de mercado, desconociendo el papel fundamental que cumplen la biodiversidad y los ecosistemas para el bienestar humano. Nos desconectamos y desnaturalizamos de esa dependencia”, concluye Vilardy.
 

Indicadores para hacer seguimientos


Como parte del trabajo de Parques Nacionales Cómo Vamos -en donde se busca generar información sobre los Parques Nacionales Naturales de Colombia-, Masp está diseñando unos indicadores que ayuden a analizar y hacerle seguimiento la situación en la que se encuentran los procesos de participación y la conflictividad ambiental en estos lugares.
 

Consulte el Acuerdo de Escazú



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