Posconflicto: una nueva negociación

Pancarta proceso paz Colombia Foto de Luis Robayo

Foto: Luis Robayo / AFP

26/09/2016
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Materializar cada uno de los puntos del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc es el mayor reto que enfrenta Colombia. Tal propósito se logra con una nueva negociación, esta vez entre la sociedad, que requerirá profundos debates y consensos en medio de un clima de confrontación social y política, mediada por intereses particulares y desinformación.

Así lo considera Angelika Rettberg, directora de la Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, para quien esta negociación después de la negociación puede ser incluso más difícil de lo que se ha logrado hasta ahora en La Habana; y tiene que ver, básicamente, con los tipos de espacios que deberán crearse para que los grupos armados o de otra índole se sientan integrados e incluidos.

Precisamente, a eso apunta la iniciativa de los estudiantes de Los Andes de otorgar tres becas a actores del conflicto armado para cursar la Maestría en Construcción de Paz y la de la Facultad de Derecho de entregar una más para cursar el programa. Para la profesora, es un acto esperanzador que refleja el modelo ideal de sociedad al que el país debería aspirar tras la firma del acuerdo de paz, una en la que confluyen, dialogan y se concilian todas las diferencias.

"Más que el final de un camino, Colombia vive el inicio de una nueva etapa en la cual habrá un peso menos —la dejación de armas de un actor armado— pero nos enfrenta con necesidades históricamente postergadas en términos de crear espacios para la convivencia pacífica y superar las brechas sociales existentes", indica la académica.

Entre los temas complejos de abordar, recalca, figuran la participación política de los actores armados ilegales —cómo abrir ese espacio y qué condiciones imponer para que se dé ese tránsito—; la justicia transicional —qué hacer con quienes han cometido atrocidades— y la reparación de las víctimas.

"Reconocer más de 8 millones de hechos de victimización es un acto ambicioso y generoso del Estado, que plantea preguntas sobre la fuente de los recursos, pero también sobre el manejo de las expectativas de las víctimas, en el sentido de que sientan que su sufrimiento sí ha sido reconocido y reparado".

Otro reto mayor será poner las leyes y el andamiaje institucional al servicio de las necesidades de la población. Esto, sin duda, dependerá del conocimiento y de la voluntad política de los líderes y gobernantes, cuyas decisiones deberán ir más allá de un cargo, es decir, proyectarse a largo plazo e implementarse con transparencia.

De igual forma, deberá haber mayor articulación entre las instituciones y las organizaciones civiles, de manera que todas vayan hacia un mismo lado, con metas definidas.

Desconfianza, un nuevo enemigo

A pesar de ser un paso histórico, el acuerdo final no goza del respaldo de todos los sectores. Según Rettberg, hace tiempo la guerra dejó de ser el principal problema de muchos colombianos, dado que el conflicto azotó a regiones y poblaciones específicas. El sufrimiento tampoco ha sido equitativo.

La Colombia en la cual se llegó a un consenso de paz entre el Estado y las Farc no es la misma de finales de los años 90, cuando las partes dialogaron en el Caguán. Con una crisis de gobernabilidad vigente —dada por los cuestionamientos a Ernesto Samper sobre los fondos que financiaron su campaña a la Presidencia— y una profunda inestabilidad económica, el conflicto armado alcanzó su mayor auge, a tal punto que esta guerrilla llegó a representar una grave amenaza. En ese momento, dice Rettberg, era más fácil venderle al país un proceso de paz. Hoy no existe ese sentimiento generalizado de crisis e intimidación que logre visibilizar las bondades del acuerdo de La Habana.

Además, la gente no confía ni en el Estado ni en las Farc, pues siente que no le están diciendo toda la verdad. Su desconfianza se nutre de razones históricas, como la poca credibilidad en los gobernantes (a quienes perciben como personas poco transparentes), en las instituciones y en la democracia. Por eso, lo acordado, quizás, les resulte irrelevante a muchos colombianos. "Esto último es preocupante pues, como sociedad, tendremos que tomar decisiones en relación con qué ceder, aceptar y pagar para que el acuerdo continúe, para que no haya recaídas ni criminalización en las regiones —dice—. La gente le teme más a lo que viene después que a lo que está ahora y este vacío no se resuelve con más información sobre los puntos del acuerdo".

Para superarlo, explica, debe fluir un mayor diálogo entra las instituciones estatales y la sociedad civil; también necesitamos una democracia más incluyente, que reconozca a los grupos afectados por el conflicto, y medios de comunicación más dados al debate y a la contraposición de ideas que a la presentación escandalosa de anécdotas irrelevantes.

"La paz puede ser tan buena o tan mala como los colombianos seamos capaces de consolidarla", puntualiza. Será un problema del Estado y de la sociedad, que contará con el apoyo, mas no con el protagonismo, de la comunidad internacional, que en otros procesos de paz sí ha tenido un papel mucho más relevante.

 

Este artículo hace parte de un especial de paz que aparece en la edición No. 49 de la revista Nota Uniandina, que circula en octubre.

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