Estas son las nueve virtudes de una empresa constructora de paz

ilustracion con siluetas de gente dándose la mano
14/07/2016
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Por: Gonzalo Vargas
Profesor asociado del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, Cider

LOS RETOS DEL DESPUÉS

 

Es un especial informativo que muestra reflexiones académicas, aportes, iniciativas e investigaciones relacionadas con lo qué deben saber y entender los colombianos sobre lo que cambiará en el país y lo que no, si se firma un acuerdo entre el Gobierno y las guerrillas de las Farc y el Eln.

El especial nace de un esfuerzo conjunto realizado por Ediciones Uniandes y la Maestría en Construcción de Paz para convocar a los profesores de la Universidad en torno a estas preguntas.

En la guerra, decía Hobbes, "no hay lugar para la industria, porque el fruto de la misma es incierto y, por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación […] y la vida del hombre transcurre solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve". Aunque la guerra es rentable para algunas empresas, para la mayoría es mal negocio: encarece su operación, reduce sus ingresos y aumenta la incertidumbre. Aunque contribuir a la construcción de paz no es una obligación legal de las empresas, la firma de un acuerdo de paz suscita crecientes expectativas sociales de que lo hagan. De hecho, hay muchas empresas constructoras de paz que ya lo hacen y estas son sus virtudes:

Respetan activamente los derechos humanos y contribuyen a divulgarlos.

No hace mucho se pensaba que el respeto a los derechos humanos era un asunto de interés exclusivo de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y 'la izquierda'. Hoy se reconoce que las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos, de comunicar abiertamente a la sociedad y a sus empleados este compromiso, y de poner en marcha mecanismos de monitoreo, evaluación de riesgo, diligencia debida y capacitación de los empleados. El decálogo de principios del Pacto Mundial, acogido por unas 8.000 empresas a nivel mundial, y la Global Reporting Initiative reflejan esta tendencia. Algunas empresas van más allá e invierten recursos para promover que otras organizaciones en su entorno inmediato, por ejemplo fuerzas de seguridad y contratistas, también los respeten.

Se abstienen de alimentar las economías ilegales que sostienen la guerra y evitan beneficiarse de ellas.

La participación de algunas empresas en el lavado de activos y el contrabando sigue siendo una realidad. El documento Conpes 3793 de 2013 advierte que los grupos armados han diversificado sus fuentes de financiación, "incluso penetrando empresas li?citas, para garantizar su sostenibilidad financiera", e indica que las empresas del sector real deberían desarrollar sistemas más robustos de prevención. Por su parte, la Guía ISO-26000 indica que cualquier organización debería "asegurar que no es cómplice en desplazamientos masivos de personas de sus tierras […] y asegurarse de que las partes afectadas reciben la compensación adecuada".

Crean oportunidades económicas para víctimas del conflicto armado, excombatientes y jóvenes en riesgo de reclutamiento.

En un entorno de desempleo y desesperanza, dice el conocido economista Paul Collier: "el alistamiento en un movimiento rebelde ofrece a [los] jóvenes una pequeña oportunidad de enriquecimiento”. Lo mismo pasa con el crimen organizado. De allí la importancia de vincular a estas poblaciones a cadenas productivas que les permitan superar la pobreza de manera sostenible, como ha propuesto el presidente de la Andi.

Evitan socavar la capacidad y legitimidad del Estado de derecho.

Hace unos veinte años, analistas internacionales expresaban temor de que el Estado colombiano colapsara y, aunque las cosas han mejorado, aún no somos considerados un país 'estable'.Por eso, la evasión de impuestos, el uso de paraísos fiscales y las tretas jurídicas que emplean algunas empresas debilitan al Estado y lo empujan de vuelta hacia el colapso. Justificar estas conductas, usando como excusa la corrupción, no las hace aceptables.

Entablan alianzas transparentes con organizaciones sociales, estatales e internacionales para promover el desarrollo y la democracia.

Esta virtud suena utópica, pero en Colombia hay muchas empresas (usualmente grandes) que promueven alianzas para promover el desarrollo local y la transparencia en la inversión pública. Ecopetrol e Isagén son dos ejemplos y, aunque es posible que la crisis de la primera y la venta de la segunda provoquen cambios en sus políticas, las dos han demostrado que estas alianzas no solo son viables sino muy útiles, especialmente en zonas con poca o nula presencia estatal.

Evitan reforzar los prejuicios, discursos y creencias que justifican la violencia, la desigualdad y la exclusión.

El machismo, la homofobia y el racismo son ejemplos de ideas y creencias que se propagan para incitar al odio, la venganza y la agresión. En Ruanda, por ejemplo, una emisora de radio divulgó discursos de odio que contribuyeron al monstruoso genocidio de 1994. Es vital que las organizaciones no limiten la libertad de expresión, pero también que reconozcan estos discursos incendiarios para que no terminen reproduciéndolos o legitimándolos.

Promueven la solución pacífica de conflictos.

Aunque esta tarea parece ser más apropiada para jueces y autoridades locales, algunas empresas colombianas han invertido recursos para enseñar a los jóvenes a resolver pacíficamente sus controversias, por ejemplo, mediante pedagogías que usan los deportes.

 

Monitorean y evalúan los impactos de sus programas de sostenibilidad social y ambiental, para buscar mejorar su desempeño.

Las empresas constructoras de paz no sólo buscan mejorar su imagen (lo que es apenas natural) sino que además están genuinamente interesadas en provocar un impacto positivo en su entorno. Por esta razón, evalúan los efectos, deseados y no deseados, de sus proyectos para así mejorar su desempeño y corregir el curso.

 

Facilitan que otras empresas constructoras de paz aprendan de su experiencia y se esfuerzan por aprender de ellas.

La paz no se puede empacar en pequeños envases y su disfrute por una persona no limita el disfrute de las demás; es lo que los economistas llamamos un 'bien público'. Por esto, acaparar la experiencia propia o ignorar la de otros simplemente dificulta y retarda su construcción. Las empresas constructoras de paz reconocen esta situación y se interesan por compartir sus aprendizajes.

Estas nueve virtudes se basan en una reciente investigación de la Universidad de los Andes que puede descargarse de manera gratuita aquí.

*Las opiniones aquí expresadas representan los puntos de vista propios del autor, no reflejan las opiniones, políticas, ni puntos de vista del Cider.

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