Los Andes acompaña puesta en marcha de la JEP

Tecla Enter con la palabra Justicia
Un acompañamiento desde cuatro frentes: conceptualización, recomendaciones en la formulación de las normas que la reglamentan, un modelo computacional para explorar y evaluar escenarios de gestión y la planeación de la arquitectura tecnológica. 
31/10/2017
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
La ingeniería detrás de la paz

Facultad de Ingeniería
 

Desde este año, Colombia debe tener una jurisdicción transicional que genere confianza y verdad a la sociedad. Es la aspiración de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la que el país se prepara para determinar la responsabilidad de quienes han participado en el conflicto armado y satisfacer los derechos de las víctimas que dejaron años de confrontación armada. 

La consolidación de esa visión, que incluye brindar integridad en las decisiones judiciales y administrativas y hacer seguimiento a las sentencias y a la reparación de las víctimas, es apenas la parte inicial de la puesta en marcha de la JEP. 

Concebir el mecanismo de justicia transicional que quedó pactado en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc no es tarea fácil. Es arrancar de cero un mecanismo que nunca ha operado en el país y del que, por lo tanto, se desconoce mucho y se espera todo. En su formulación ha estado participando un equipo interdisciplinario de la Universidad de los Andes, encabezado por el Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería (CIFI). 

En un equipo de trabajo conjunto con funcionarios de la JEP, y con recursos de cooperación internacional, la Universidad tiene la tarea de hacer acompañamiento técnico y metodológico de la puesta en marcha de esta jurisdicción. Esto significa aportar en la definición del propósito institucional, hacer sugerencias en la construcción del acto legislativo y ley estatutaria que le dan vida en la práctica, desarrollar un modelo computacional que permita explorar y evaluar escenarios de gestión, y crear el marco de tecnología, información y comunicaciones con el que trabajará. 

Se trata de emprender una empresa para que el país por fin entienda su pasado, repare los daños causados durante las épocas violentas y pueda transitar por una senda más justa y pacífica.

“Es un gran honor y al mismo tiempo una enorme responsabilidad estar en este proyecto que constituye una parte del aporte de la Universidad hacia la construcción de la paz”, señala José Orlando Cuevas, líder del equipo de Los Andes.

La conceptualización
 
En la primera de las cuatro misiones se requirió el acompañamiento técnico y metodológico en la caracterización general de la JEP y en la definición de su propósito institucional. Esto implicó la estructuración del modelo de negocio –es decir, qué hace–, cuáles son sus relaciones con el entorno –con quién lo hace–, cuál es la cadena de valor –cómo lo hace–, cuáles son sus productos y servicios, cuál es su plataforma estratégica y cuál es su estructura funcional. 

Si bien había indicaciones claras en los acuerdos, hay detalles que solo se conocen en la medida en la que se le da forma concreta a la iniciativa. Por ejemplo, aún sin haberse aprobado la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento, ya hay casi cinco mil personas, entre miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, que han manifestado su voluntad de acudir a la JEP, y se espera que, en total, durante los 10 años iniciales en los que estaría funcionando, se vinculen unas 10 mil personas. 

Para eso se requerirán entre 800 y 1.300 funcionarios y se entablarán relaciones con 30 instituciones ya existentes y otras como la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, y la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que conforman, junto a la JEP, el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Las recomendaciones jurídicas 

Ana María Ramos Serrano, exviceministra de Justicia, ingeniera industrial y abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en derecho público para la gestión administrativa; y el profesor de la Facultad de Derecho Ricardo Posada Maya, posdoctorado en derecho y especializado en derecho penal; son los asesores del componente jurídico del equipo. Su compromiso consistió en realizar recomendaciones al proyecto de ley que define la organización de la JEP y a la normativa que pueda llegar a determinar o desarrollar su régimen jurídico.

“Le apostamos a una jurisdicción que sea eficaz, eficiente y justa”, señala Posada, para acentuar la lógica diferente que tiene esta justicia con respecto a la justicia convencional.

“La JEP le está apuntando al diálogo, a la aceptación de responsabilidades, a la verdad y a la reparación de las víctimas. La paz es la construcción de consensos”, dice.

La JEP estará integrada por 51 magistrados que serán nombrados en septiembre y que deberán redactar su propio código de procedimiento penal y el estatuto interno de la JEP. De acuerdo con Posada, este debería ser un modelo que se ajuste a las necesidades e idiosincrasia de los colombianos, de modo que “sea un tribunal que haga justicia con igualdad e inclusión y que piense más en resolver los problemas sociales que ocasionó la violencia, que en imponer penas solo por sancionar. Se busca terminar con el conflicto armado y con la exclusión social”. 

La ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz y que es al mismo tiempo la espina dorsal del posconflicto fue radicada en el Congreso el 1 de agosto. De su trámite depende la puesta en marcha de todo el sistema.

El modelo computacional 

Las proyecciones señalan, que en el transcurso de dos años, la JEP estaría en plena operación. Para apoyar este proceso se construyó un modelo computacional que permite simular su operación.

“Los modelos ayudan a examinar las posibles consecuencias de los supuestos que se hacen en el diseño de la JEP con el fin de tomar las decisiones de gestión correspondientes”, explica Camilo Olaya, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, quien estuvo encargado de liderar esta sección del acompañamiento. 

El modelo matemático que se elaboró permite simular los flujos de casos a medida que se investigan y resuelven, de acuerdo con los recursos disponibles para ello. Se pueden así tomar decisiones oportunas que modifiquen la forma como está organizada la jurisdicción para que sea más efectiva. En ese sentido, el modelo puede ayudar a responder preguntas como ¿cuáles pueden ser los picos de trabajo en el mediano y largo plazo? ¿cuál podría ser el ciclo de vida de las salas y secciones? o ¿cuál podría ser el impacto de largo plazo que tienen las decisiones relacionadas con la composición del personal?, entre otras. 

Si bien el éxito depende de la buena planeación, también es cierto que en el camino el entorno y las condiciones sociales, económicas y políticas irán cambiando. De ahí la utilidad del modelo computacional como herramienta que acompaña a la gestión de la JEP para tomar decisiones oportunas.

La arquitectura de TI 

La cantidad y suma importancia de la información que se recopilará en los procesos que se lleven a cabo mediante la Justicia Especial para la Paz demandan un sistema robusto de almacenamiento y procesamiento de los datos que permita a la vez la integración entre entidades y personas involucradas con los procesos, pero un nivel de seguridad máximo que garantice su protección ante vulnerabilidades, pues se trata de la consolidación de la historia del conflicto que el país no ha podido completar. 

Por eso es indispensable una gestión documental –guardado y clasificación adecuados– que mediante herramientas de análisis facilite procesos de minería de datos, para entender qué fue lo que vivió Colombia durante el último medio siglo. 

La planeación de la arquitectura de las tecnologías de información con que debería trabajar la JEP estuvo en cabeza del director del CIFI, José Orlando Cuevas, ingeniero de sistemas con maestría en economía, y de Iván Cifuentes, ingeniero con maestría en sistemas. Además del soporte a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la JEP, la estructura tecnológica está concebida bajo criterios de disponibilidad, flexibilidad y agilidad.

“Debe hacerse bien desde el comienzo para que funcione perfectamente cuando maneje grandes volúmenes de datos, momento en el cual la unidad de investigación y los magistrados tendrán disponible información confiable sobre quiénes han acudido a la JEP, los procesos de juzgamiento y las víctimas del conflicto”, señala Cuevas, director del proyecto, para quien este acompañamiento es una ocasión ideal para que la Universidad disponga sus recursos en la resolución de los problemas del país.

Noticias relacionadas

Estudiantes en laboratorio en la Universidad de los Andes
22/11/2017

Hasta el 30 de noviembre hay plazo para registrar las propuestas para el próximo semestre 2018-I. Abierta a estudiantes de pregrado.

Ver más
Estudiantes de colegio
21/11/2017

Reviva, en video, la transmisión foro ‘La educación inclusiva en Colombia: implementación y retos del Decreto 1421 de 2017’ realizado en la Universid

Ver más
Huelgas en Cataluña
10/11/2017

Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, analiza los recientes hechos sobre la independencia de Cataluña.

Ver más

Otras noticias

Compartir

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Logo Linkedin