El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), de la Universidad de los Andes, elaboró una serie de propuestas a los precandidatos presidenciales sobre política de sustitución con enfoque territorial basada en una participación transversal e interseccional de las comunidades.

Dichas propuestas fueron tratadas en el primer encuentro de precandidatos presidenciales, el 21 de septiembre de 2021, un espacio de diálogo en el que, además, presentaron sus propuestas en materia de política de drogas.
 
La propuesta desarrollada por el Cesed busca avanzar en la apuesta de la sustitución de cultivos en el largo plazo. Este análisis no se enfoca únicamente en la reducción de hectáreas cultivadas, sino que también incorpora como eje central las condiciones de vida de los hogares productores y alternativas para reducir los niveles de exposición de las comunidades a la violencia.
 
Asimismo, los investigadores priorizaron una política de sustitución con enfoque territorial que promueva el fortalecimiento de las capacidades locales en ámbitos variados como la seguridad, la gobernanza, y el desarrollo rural, propuesta enfocada hacia seis componentes principales:


 

1- Participación efectiva, transversal e interseccional:

En el diseño del programa de sustitución, implementación y monitoreo es fundamental considerar un enfoque interseccional definiendo mecanismos claros de participación de diferentes grupos poblacionales vinculados a la economía cocalera (mujeres, población étnica, entre otros)

2- Enfoque de seguridad:
 

Estrategias de protección a líderes y comunidades vinculadas a la sustitución. La militarización no contribuye a recuperar la confianza con el Estado. Es necesario implementar mecanismos de inteligencia que permitan intervenciones que no alteren las dinámicas de violencia.

 

3- Desarrollo Rural Integral incluyendo un enfoque étnico diferencial y ambiental:
 

a) Bienes públicos
Realizar transformaciones estructurales de los territorios como parte de un proyecto nacional de largo aliento, no como una política del gobierno de turno. Son necesarias inversiones en justicia, salud, seguridad, infraestructura y educación, para disminuir la dependencia a los cultivos ilícitos.

b) Investigaciones de mercado
Antes de concertar los planes de desarrollo territorial es necesario identificar los productos viables de sustitución en cada región con sus respectivos canales de comercialización. Las alianzas con universidades y ONG´s son clave para conectar a los pequeños productores con el sector privado, eliminando intermediarios y garantizando la compra de los productos sustitutos a un precio justo.

c) Enfoque territorial
La Agencia de Renovación del Territorio (ART) debe aumentar los esfuerzos de articulación entre el PNIS y los PDET para incrementar el potencial de escalabilidad de los proyectos concertados, apostándole a soluciones productivas comunitarias regionales y no solo a nivel hogar.

d) Formalización de la tierra
Contribuye a la reducción de cultivos de uso ilícito y también a la reducción de la violencia.

e) Inclusión financiera rural
Definir una oferta de productos financieros que tengan en cuenta las necesidades particulares de los hogares rurales vinculados a los cultivos ilícitos y, al mismo tiempo, potencien la provisión de servicios financieros de ahorro, crédito y aseguramiento.

f) Enfoque ambiental étnico y diferencial 
En las Zonas de Manejo Especial hay que implementar estrategias amigables con el uso sostenible del bosque e incluso incluir requisitos ambientales en los programas de sustitución. Habría que apostarle a implementar los Pagos por Servicios Ambientales articulados con otras estrategias, como las certificaciones de productos con criterios de sostenibilidad. Para el enfoque diferencial habría que articular los planes de vida etno-territoriales y permitir que las comunidades étnicas ingresen al programa mediante la firma de acuerdos colectivos.

4- Intervención conjunta de las economías ilícitas.

En los territorios cocaleros convergen economías ilícitas, como la minería informal/ilegal de oro, pero las políticas han permanecido desarticuladas. Es necesario avanzar en esquemas de formalización y certificación ambiental de oro a pequeña escala, especialmente en territorios étnicos. Los ingresos del oro certificado podrían cubrir el costo de oportunidad del cultivo ilícito y garantizar un mercado legal estable.5

5- Diseño del programa que considera los efectos de anticipación, focalización y gradualidad
 

a) Anticipación
Las futuras políticas deben considerar los efectos no deseados del anuncio del programa en el incremento de las hectáreas cultivadas. Habría que definir claramente la última fecha de siembra permitida para ingresar al programa y verificarla con información satelital o en campo.

b) Focalización
Priorizar municipios a partir de las condiciones de seguridad, enfoque territorial, condiciones presupuestales y que las condiciones estipuladas se mantengan en el tiempo.

c) Gradualidad y simultaniedad
Los programas de sustitución pueden considerar la vinculación de familias bajo un principio de sustitución gradual de los cultivos de coca y simultánea al establecimiento de productos lícitos con garantías claras de comercialización.

6-  Evaluación de impacto integral de la política.
 

Contemplar indicadores adicionales a las hectáreas cultivadas de coca y analizar el cambio en bienestar de los hogares vinculados a la política. Es posible realizar un experimento aleatorio controlado (RTC) previo a escalar el programa a todo el país.