El regalo prometido

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Luego de una batalla jurídica, Niuska Algarín, ganadora de una beca para estudios superiores a quien le incumplieron la promesa, le ganó al Distrito la condonación de su crédito educativo.

08/07/2014
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No tenía cómo pagar su universidad, pero estuvo entre los mejores bachilleres de Bogotá y ganó una beca –del Distrito– para sus estudios… No le cumplieron. Desde 2009, Niuska Algarín emprendió una lucha jurídica y logró un fallo a su favor. Ahora el Distrito no podrá negarle la condonación de su crédito. Esta, su historia.

Por: Diego Pinzón Másmela
da.pinzon38@uniandes.edu.co

OTROS CASOS

Igualdad


Belinda Serna es una persona de la tercera edad, analfabeta y tiene una hija. Subsiste de la venta de tinto y aguas aromáticas. Ella amplió su casa sin licencia de construcción, razón por la cual la Alcaldía de Usme le impuso una sanción de $14.416.435. Se propuso un acuerdo de pago en cuotas mensuales de $80.000, pero no aceptaron. Ante la imposibilidad de doña Belinda para hacer el pago ordenaron el embargo y secuestro de la casa. Desde el Consultorio Jurídico se impuso una acción de tutela solicitando protección del derecho a la vivienda digna y la igualdad material, pues la señora reconocía su deuda y estaba dispuesta a pagarla. Esta fue negada en primera y segunda instancias. Se solicitó a la Corte Constitucional la revisión del caso.

Medio ambiente sano

Durante la temporada invernal en el barrio Catalina, de la localidad de Kennedy, hubo un represamiento de aguas negras a causa del mal estado del alcantarillado. Se interpuso una acción popular en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, solicitando la protección de los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad pública y al acceso a una infraestructura de servicios públicos idónea para los residentes del barrio. Por medio de la Sentencia del 21 de febrero de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a las entidades distritales realizar los estudios técnicos y obras de infraestructura necesarias para evitar el estancamiento de las aguas negras y el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Vivienda digna

Miembros, entre ellos cuatro menores de edad y una persona con discapacidad) construyeron su casa en el barrio el Edén en el sur de Bogotá. En 2010 la alcaldía local lo declaró infractor urbanístico por construir en un asentamiento ilegal violando las normas del Plan de Ordenamiento Territorial y le ordenó demoler su vivienda en 60 días. Se interpuso una tutela en la que se argumentó que Franco no tenía otro lugar para vivir ni capacidad económica para otra casa. Fue negada en primera y segunda instancias, por lo que el Consultorio Jurídico solicitó a la Corte Constitucional revisión del caso y esta ordenó al Distrito suspender la demolición hasta que se brindara una alterativa de vivienda digna a la familia Franco.

Caracas, el principio

Rosalba Castro viajó a Venezuela para buscar el futuro. Allí nació Niuska, su única hija, quien no cumplía un año de vida y ya tenía que cargar con la ausencia de su padre. Era 1983 y desde entonces han sido inseparables. Vivían en una modesta casa del barrio San Luis en Caracas. Mientras Rosalba trabajaba como contadora, la pequeña estudiaba en un colegio público y en las tardes se divertía en una pista de bici-cross.

Fueron 13 años de cumplir metas, de soñar… A Niuska, su mamá nunca le falló. Cuando estaba en cuarto grado su pasión era la biología y su deseo, una bicicleta nueva. Las alificaciones, en la Unidad Educativa Josefa Irausquín López, motivaron a Rosalba. “Pude escogerla tal y como yo la quería, me había esforzado mucho”, recuerda ella sobre aquel regalo de dos ruedas que le dio su mamá en la Navidad de 1992.

Tres años después se radicaron en Bogotá. Una casa humilde del barrio Molinos, a medio construir en un lote de propiedad de Rosalba en el sur de Bogotá, las esperaba. Allí pasarían muchas cosas. La niña extrovertida que jugaba con sus amigas “al médico” continuaría su bachillerato y hasta ganaría una beca para la universidad. Aunque el dinero no les hubiera alcanzado ni para un semestre, el sueño de ser profesional estaría cerca. El tiempo habría de convertirlo en una pesadilla.

En Bogotá, contra el destino

En el regreso a Bogotá no hubo lujos pero tampoco necesidades. “Que mi mamá no tuviera un trabajo fijo ni servicios de salud nos hizo la vida más compleja”, cuenta Niuska. Hipotecaron la casa y junto con los ahorros que traía Rosalba de Venezuela edificaron tres pisos. Ellas se instalaron en el tercero y el resto se arrendó. Era el único sustento. Niuska estudió hasta noveno en el Colegio de Empleados de la Caja Agraria y, en el año 2000, se graduó del colegio Nuestra Señora de las Victorias de la localidad de Tunjuelito con uno de los mejores puntajes del Icfes en el Distrito. El premio era una excursión a San Andrés pero dos compañeros rompieron un ventanal jugando fútbol y las monjas cancelaron el paseo.

En todo caso, aunque sencilla, hubo celebración. La dicha de madre e hija era inmensa. El puntaje, también, le permitió pensar en otras oportunidades. El bolsillo no aguantaba pero el anhelo de ser médica podría dejar de ser un juego.

Nace el sueño

El porvenir de Niuska era un misterio. Un aviso clasificado del periódico dominical parecía aclarar el camino: “Publicaron una convocatoria del Distrito en la que otorgaban becas. Me dio miedo ilusionarme pero quería intentarlo –recuerda–. Había que diligenciar un formulario, adjuntar algunos certificados y tener un fiador con finca raíz… Ya se imagina, la casa de mi mamá”. La fila, frente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –Icetex– era larga. Allí estuvo Niuska con su carpeta debajo del brazo. Días después, Niuska Algarín Castro aparecía en el listado de beneficiarios del Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior de los Mejores Bachilleres Estratos 1 y 2. Estudiaría medicina en la Universidad del Rosario.

¿Una lucha perdida?

La casa de Rosalba estaba en juego. El esfuerzo de la futura médica se tuvo que duplicar para cumplir con requisitos como un promedio igual o mayor a 3,5 o un año de trabajo social. Niuska siguió todo al pie de la letra, incluyendo su pasantía en el Batallón de Infantería Batalla de Bárbula (Puerto Boyacá). En 2009 se graduó. Cuando ella y los primeros beneficiarios fueron a pedir la condonación de sus créditos les fue negada. Un nuevo acuerdo expedido por la Secretaría de Educación cambiaba todo: “Subieron el promedio a 4,0 y el año de trabajo social debía ser con el Distrito, entre otras condiciones que afectaron, sobre todo, a quienes ya nos habíamos graduado”, explica. El futuro de Niuska se diluía. Los sueños –y la casa– se perdían. “Fue terrible”. Sin embargo, el espíritu guerrero de estas dos mujeres era innato. Aunque la economía familiar a duras penas daba para las fotocopias y el transporte de la estudiante, contratar un abogado era impensable: “Pelear contra la Secretaría era directamente proporcional a perder. Sentí que iba a durar toda la vida trabajando para pagar”.

Entre tribunales, juzgados…

Niuska y Rosalba tocaron muchas puertas. “Hablamos con medios de comunicación, hicimos manifestaciones pacíficas con los demás afectados, enviamos cartas a la Secretaría de Educación y al Icetex”, recuerda la joven doctora. Tanto insistieron, que una de esas puertas se abrió. El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes se interesó por el caso. En 2010 demandaron. En primera instancia hubo fallo desfavorable, se apeló y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de primera instancia y ordenó al Distrito otorgar la condonación. “Nunca olvidaré el día en que la doctora Tania Luna me llamó: ‘¡Niuska, ganamos!’”. Pasaron tres años de lucha jurídica. De vivir entre juzgados, tribunales y abogados.

Entre 2009 y 2013 hubo tres modificaciones a los acuerdos de condonación por parte del Distrito. El capítulo de Niuska parece llegar a su fin. “Ahora espero que la Secretaría me cumpla porque ha dilatado el tema solicitando documentos que no hacen parte del proceso”.

Cali, el despertar

Ahora, madre e hija están lejos. Niuska ya tiene 30 años, se casó y vive en Cali. Ama su profesión, en las mañanas trabaja en un centro de investigación, en el desarrollo de vacunas y, en las tardes, en consulta externa: evalúa 16 pacientes entre cinco de la tarde y nueve de la noche, quince minutos para cada uno. “Lo mejor de todo es poder impactar en la vida de alguien, mejorar su calidad de vida y aliviar la angustia de la familia por la enfermedad de un ser querido”, cuenta ella.

Aunque todavía espera que el Distrito le responda, Niuska sigue soñando: “Quiero especializarme en ortopedia y traumatología, tener hijos y hacer feliz a quien le debo todo, a quien me enseñó que nada es imposible, porque a pesar de haber estado sola para darme todo, nunca le quedó grande la tarea y aquí estoy”, concluye.

Las cosas al derecho

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1. El comienzo
“En 1999 el Concejo Distrital de Bogotá creó un Fondo para financiar la educación superior de los mejores bachilleres de estratos 1, 2 y 3 a través de convocatoria pública. Se reglamentó un estatuto de condonación de créditos, por medio del Acuerdo 02 de 2007, que contemplaba bajos intereses o la totalidad del pregrado en la universidad que ellos eligieran, con un período de gracia de tres años después de terminar la carrera, si se cumplía un rendimiento académico, la obtención del título en el tiempo establecido y la prestación de un servicio o pasantía social”.

2. El problema
“Cuando los primeros estudiantes solicitaron la condonación, el Fondo Distrital expidió el Acuerdo 001 de 2009, donde aplica la excepción de inconstitucionalidad sobre las normas del Acuerdo 02 de 2007. El artículo 355 de la Constitución prohíbe decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Este acuerdo fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual anuló el mencionado acto, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la obligación del Estado de fomentar la educación superior”.

3. El Distrito

“Antes de conocer la sentencia definitiva, La Secretaría expidió otro acuerdo, el Acuerdo 01 de 2011, con el que reconocía el error de declarar la excepción de inconstitucionalidad. No obstante, ese mismo día, se expidió un nuevo reglamento de condonación de los créditos del Fondo, el Acuerdo 02 de 2011, complicando los requisitos para acceder y confiriendo dicho acto a efectos retroactivos”.

4. Más modificaciones

“En 2013, la Secretaría de Educación modificó nuevamente los estatutos del Fondo para acceder a la condonación. Por ejemplo, estableció que para que la pasantía social sea válida se requiere necesariamente la presentación personal del servicio por el estudiante en una entidad pública, es decir, deja por fuera la opción de desarrollar proyectos sociales o trabajos de investigación”.

5. Nueva acción

“Interpusimos una acción de simple nulidad ante el juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, contra los Acuerdos 02 de 2011 y 01 de 2013 de la junta directiva del Fondo, con lo que se busca que sean declarados nulos por desconocer el principio de progresividad del derecho a la educación, violar los derechos adquiridos y desconocer la confianza legítima de los estudiantes”.

6. Y apelaron

“La juez acogió nuestros argumentos y decretó la nulidad de dichos acuerdos, decisión que beneficiaría a todos los estudiantes. Sin embargo, el Distrito apeló ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentando su facultad de modificar sus propios actos administrativos”.

7. La sentencia

“El pasado 4 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que el Distrito, al cambiar repentinamente los requisitos para obtener la condonación, había infringido los principios de buena fe y confianza legítima. Ahora, no podrá seguir negando la condonación del crédito a los jóvenes que cumplan con los requisitos inicialmente establecidos. En cuanto a los estudiantes que ya les fue negada la condonación, podrían presentar nuevamente su solicitud para que su caso sea revisado y se realicen los descuentos pertinentes. Según reporte del diario El Tiempo, podrían ser más de 1.000 los jóvenes beneficiados de este litigio estratégico adelantado por el Consultorio Jurídico”.

http://bit.ly/1vmbZWL

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