31/10/2017

Es inminente una reforma al Sistema General de Participaciones

Deficiencias en salud en municipios
Colombia necesita cerrar las brechas sociales entre sus regiones. La Contraloría presentó estudio sobre SGP.
Deficiencias en salud en municipios
Deficiencias en salud en municipios
Colombia necesita cerrar las brechas sociales entre sus regiones
“Existen territorios en Colombia con índices de desarrollo humano parecidos a países de medio-alto desarrollo europeo, mientras que en otras regiones, los municipios con mayor ruralidad presentan índices que se asemejan más a los de los países más pobres del planeta en Asia y África”, dice el análisis realizado por la Contraloría General de la República sobre el efecto redistributivo en los sectores de salud y educación.
    
El informe, presentado en la Universidad de los Andes recientemente, señala que si bien se han alcanzado avances importantes en el tema de las coberturas en salud y educación, no se han cerrado las brechas sociales e inequidades entre las distintas regiones y, por ejemplo, la mitad del país está aún lejos de los niveles mínimos esperados en materia de indicadores de salud pública.

Ante esta situación, Edgardo Maya Villazón, contralor General de la República, señaló la necesidad de plantear una posible reforma al sistema, comenzando con una revisión de los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones (SGP). “Los municipios más pobres deben recibir un SGP de per cápita notoriamente superior al promedio y mayor que el de los municipios más ricos y el de aquellos por su actividad económica pueden generar recursos propios”.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social, coincidió en la necesidad de reformar el SGP. Planteó recoger algunas de las competencias, algunos de los recursos, y que el pago de los medicamentos por fuera del plan de beneficios del régimen subsidiado sea hoy responsabilidad de la nación y no responsabilidad directa de los departamentos y distritos, como lo dice la Ley 715 del año 2001. Aseguró que “solo ese cambio, de quién tiene responsabilidad de contratar medicamentos de alto costo en el régimen subsidiado podría evitarnos muchos temas de corrupción”.

Igualmente, planteó una reforma a la prestación de servicios que está en cabeza de las entidades territoriales. Explicó que, en su gran mayoría, esa prestación de servicios está en cabeza de las EPS e IPS. Pero en algunos casos, sobre todo en aquella población que no está afiliada, la responsabilidad le corresponde a las entidades territoriales. “Se han entregado a las regiones unas competencias para las que no tienen todas las capacidades”, afirmó Gaviria. 

Para la Contraloría, la capacidad entre las entidades territoriales y su valoración también resulta esencial para la inversión de los recursos del SGP, por lo que señaló que tal problema que no se resolverá solamente con la asignación de mayores recursos.

“Mientras no exista en los territoritos rezagados una verdadera capacidad institucional, administrativa y de monitoreo, y un seguimiento de gastos que garantice un uso eficiente y transparente de los recursos no será posible alcanzar los objetivos de este sistema”, puntualizó el contralor durante la presentación de los resultados del análisis al SGP.

Modificar la forma en la que se distribuyen los recursos del SGP fue un punto de coincidencia de las diferentes carteras. Según Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, los recursos del SGP aumentarán a partir de este año. “De cada 100 pesos que se recaudan, con la reforma tributaria de diciembre del año pasado, 30 van a ir a los entes territoriales, porque van a participar de esos ingresos corrientes de la nación. Puesto en otros términos, la bolsa total del SGP va a crecer a partir de este año y de aquí en adelante a una tasa equivalente al crecimiento de los últimos cuatro años de los ingresos corrientes de la nación”, señaló Cárdenas.   
      
“Esta es una reforma que lo que va a buscar es que haya más recursos para que todos los colombianos tengamos el aseguramiento en salud, en educación y en especial para la matrícula, para que podamos cubrir más niños y niñas con los programas de jornada única y, sobre todo, para poder atender las necesidades de pago de los maestros en Colombia”, aseguró durante el evento.
La corrupción es uno de los principales riesgos
La corrupción es otro de los factores encontrados dentro del manejo de los recursos del SGP, especialmente en el sector salud.

El Contralor se refirió a los millonarios hallazgos fiscales encontrados, en diferentes formas de fraude como los carteles de los hemofílicos y enfermos mentales, y terapias médicas no realizadas, entre otros. “Nosotros tenemos unos cálculos entre 40 y 50 billones de pesos que se apropian los corruptos de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales”, afirmó Maya Villazón.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, la corrupción dentro del SGP en salud implica riesgos como:
  • Beneficio a personas con capacidad de pago que están siendo subsidiadas en salud.
  • Existencia de incentivos para la perpetuación en el tiempo de condiciones excepcionales en el sistema de salud: el pago de tecnologías no POS y la atención de personas pobres no afiliadas.
  • La ausencia de registros consolidados a nivel nacional de personas pobres no afiliadas al sistema, atendidas con cargos a los registros del SGP.
  • El costo promedio de atender una persona pobre por fuera del sistema fue tres veces superior a tenerlo afiliado al Régimen Subsidiado.
  • De los afiliados del Régimen Subsidiado que recibieron servicios y tecnologías No POS, 5 % de los pacientes recibieron tratamientos con cargo al 65 % de los recursos totales pagados por las entidades territoriales.
Luego de la presentación del análisis sobre el efecto redistributivo del SGP, se realizó un conversatorio sobre los “Retos de calidad en la prestación de los servicios de salud y educación con el Sistema General de Participaciones”, en el que participaron Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Darío Maldonado, director de Investigaciones de la Escuela de Gobierno de Los Andes; y María Victoria Angulo, secretaria de Educación de Bogotá. El panel fue moderado por el exministro Eduardo Pizano de Narváez, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

Vea en video la presentación del informe de redistribución del Sistema General de Participaciones aquí.
 

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